¿Cuál es la multa por un sitio web inaccesible?

La altura varía mucho según el país, siendo Francia la más alta

La multa por un sitio web inaccesible no es un importe fijo europeo: la European Accessibility Act establece la norma técnica (EN 301 549, en la práctica WCAG 2.1 nivel AA), pero deja la sanción a cargo de cada Estado miembro. En los cuatro países analizados, el máximo varía de €100.000 en Alemania a €900.000 —o un porcentaje de la facturación— en Países Bajos, con Francia en €250.000 y Bélgica en €200.000 por infracción. Este último es un detalle que importa: en Bélgica el límite no se aplica por caso sino por infracción, lo que en un sitio con múltiples defectos tiene un resultado diferente al de un máximo único fijo.

El máximo más bajo no significa automáticamente el régimen más suave. En Alemania, además de la autoridad de vigilancia oficial, la Marktüberwachungsstelle der Länder, existe también una vía de derecho de la competencia: los competidores y asociaciones sectoriales pueden enviar una Abmahnung por competencia desleal, con condenación de costas, y esta vía suele ser más rápida que cualquier autoridad de vigilancia. En Países Bajos, la ACM no ha procedido a imponer multas formales hasta mediados de 2026, pero sí ha emitido anotaciones públicas con un plazo de corrección de aproximadamente tres meses antes de que se realice un nuevo control. En Francia, además de la DGCCRF, existe una vía activa de organizaciones de personas con discapacidad que notifican incumplimientos directamente a las cadenas. Para los otros veintitrés Estados miembros de la UE aún no se ha realizado este análisis —aún no se ha determinado quién ejerce la vigilancia o qué importes corresponden.

De dónde proceden estos importes

Los máximos citados provienen de las propias leyes nacionales de transposición: la Ley de implementación de requisitos de accesibilidad de productos y servicios para Países Bajos, con la ACM como autoridad de vigilancia; la Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) para Alemania; la transposición en el Code de la consommation para Francia, controlada por la DGCCRF; y la transposición en el Código de derecho económico para Bélgica, aplicada por la Inspección Económica del FOD Economía. Las microempresas que prestan servicios —menos de diez empleados y una facturación anual máxima de dos millones de euros, ambas condiciones— quedan excluidas de la regulación en cada uno de estos cuatro países.